•La rendición de cuentas es una demanda cada vez más fuerte de los ciudadanos, para combatir la opacidad y la corrupción, afirma
La autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales favorece el control del poder y sirve de puente entre gobierno y ciudadanía, por lo que este organismo también está obligado a rendir cuentas, expresó el senador Rafael Espino de la Peña.
Durante la presentación del Informe de Labores de Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta del INAI, ante el Pleno, el senador de Morena destacó que es “muy relevante el que el Instituto en general, los comisionados y el personal que lo integran sean, en su fuero interno, ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas”.
Espino de la Peña recordó que a este organismo autónomo le corresponde, además de mantener los equilibrios, abonar a combatir al fantasma de la corrupción para abatir la desigualdad social.
La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, agregó, se han vuelto una demanda cada vez más fuerte de la ciudadanía para combatir la opacidad, la indiferencia y la corrupción en México.
El legislador enfatizó que “la tutela de la transparencia es necesaria para atajar más rápidamente los estragos que estamos viviendo, producto de la combinación de la crisis sanitaria y su correlativa recesión económica”.
La transparencia no sólo promueve gobiernos abiertos, sino que permite la convivencia de la pluralidad política que debe caracterizar a nuestro país, condición indispensable para impulsar un desarrollo sustentable y para acceder a mayores niveles generalizados de bienestar.
“Y no menos importante: una tutela autónoma de la transparencia con responsabilidad, en un ejercicio austero del gasto público, tarea obligada de todas las instituciones del Estado”, enfatizó el senador.
Por lo anterior, consideró relevante contar con órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por su capacidad para incidir en el mantenimiento y fortalecimiento de la seguridad jurídica y del Estado de derecho.
Su función debe impactar en la gente, en particular en aquellos sectores que históricamente han quedado marginados y que han sido desafortunadamente colocados en situación de vulnerabilidad,
Incluso, acotó, en quienes son víctimas de la lacerante desigualdad que ha azotado a nuestro país en las últimas décadas, por un modelo económico injusto, en el que ha privado la concentración del capital.
